La medida cautelar concedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en beneficio de Milagro Sala no deja lugar a dudas: “El Estado de Argentina de conformidad con sus obligaciones internacionales se encuentra obligado a atender la decisión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU que determinó que la detención de la señora Sala es arbitraria, llamando a su liberación inmediata”, dice en forma textual su párrafo 45. La Comisión ya había afirmado lo mismo en un comunicado el 2 de diciembre de 2016. En enero de 2017 el gobernador jujeño, contador Gerardo Morales, respondió que por tratarse de un comunicado no era de cumplimiento obligatorio y adelantó que si la Comisión concediera la medida cautelar solicitada por Amnistía, ANDHES y el CELS, su gobierno la acataría porque tendría valor jurisdiccional. 
La medida cautelar fue concedida y no quedan excusas para demorar su cumplimiento. No obstante, Morales critica ahora a la Comisión, pretende que no tiene toda la información necesaria y afirma que la resolución depende de los jueces jujeños, que él maneja desde el Superior Tribunal de Justicia, que amplió de 5 a 9 miembros y en el que posee una mayoría automática similar a la que Carlos Menem construyó hace un cuarto de siglo en la Corte Federal. “En Jujuy rigen las garantías constitucionales para quienes se robaron todo”, agregó en una cuenta personal en las redes antisociales. Esa frase es autocontradictoria: sin un juicio con debido derecho de defensa no puede afirmarse que Milagro y la Túpac Amaru hayan cometido los delitos que se les imputan. Se trata de una zafia respuesta a los contundentes señalamientos de la CIDH, que sostiene haber constatado “como especificidades del presente asunto que lo distinguen de otros” que la detenida Milagro Sala es
  • “Una prominente líder social”,
  • “mujer e indígena”, 
  • “enfrentada con el gobierno actual de la provincia”, 
  • “identificada con parte representativa de un sector de oposición” (Párrafo 58).
La Comisión también registró durante su visita a la Argentina “innumerables reclamos de la sociedad civil sobre la detención preventiva de Milagro Sala e incluso tomó conocimiento de diversas movilizaciones”.
Es decir, no una ladrona como afirma Morales sin otro sustento que las acusaciones que su propio gobierno presentó contra ella para correrla de la escena política, sino una presa política debido a su acción de género, lúcida integrante de los pueblos originarios y opositora al gobierno que la acusa. 
El gobierno nacional, por medio de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural declaró el respeto al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero ese respeto no puede agotarse en palabras sino mediante el acatamiento a las disposiciones de los órganos del Sistema. Al difundir apenas unos pocos puntos de la resolución, el gobierno indujo a la prensa adicta a titular que la CIDH pedía la prisión domiciliaria de Milagro. Fueron el CELS, Amnistía y la Túpac Amaru las organizaciones que pusieron en conocimiento de todo el país la resolución completa para impedir manipulaciones. 
Lejos de cumplir con lo dispuesto, el gobernador Gerardo Morales criticó a la CIDH, y simultáneamente envió a un grupo de presuntas víctimas de Milagro Sala a solicitar la protección de la misma Comisión, con un ostensible desconocimiento de sus reglas de funcionamiento, compartido por el gobierno nacional. 
El mes pasado el gobierno nacional ya había sufrido un duro revés cuando fracasó en el intento de colocar como miembro de la CIDH al hombre de las cavernas de Mendoza Carlos Horacio de Casas, cuya relación con los derechos humanos fue como defensor de un militar procesado (durante un juicio en el que cuestionó la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad) y de varios banqueros detenidos por vaciamiento de empresas, además de formular opiniones favorables a penalizar la libertad de expresión, la homosexualidad, el matrimonio igualitario, el aborto y la identidad de género.
En diciembre publiqué los mails intercambiados entre el Estudio Gil Lavedra, que representa a Morales en causas contra Milagro Sala, la presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy Clara De Langhe de Falcone, que fue antes la abogada personal de Morales; el Fiscal de Estado Mariano Miranda y el ex representante de la Cancillería para Derechos Humanos, Leandro Despouy, todos ellos militantes de la UCR, en los que se planteaba una estrategia para engañar a la CIDH de modo de que justificara la prisión preventiva de Milagro. Por entonces los asesores de Morales en el tema le habían hecho creer que la CIDH no tenía los votos suficientes para ese pronunciamiento, cosa que se ha demostrado falsa. Ahora el ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano intentó desvirtuar el sentido de la resolución, como puede advertirse en este contrapunto:
  • “Somos respetuosos de las recomendaciones de la CIDH pero también de las decisiones de los jueces de la provincia de Jujuy”. El Poder Ejecutivo Nacional “sólo tiene la función de transmitir la recomendación de la CIDH”. No es así. Dada la situación de Milagro y la decisión de la CIDH el gobierno nacional tiene el deber de garante. No es un simple cadete que lleva el telegrama. No son los estados subnacionales como la provincia de Jujuy los que representan a la Nación Argentina y tienen todas las responsabilidades emergentes de los tratados y convenciones que firmaron. 
  • “Un fuerte sector vinculado al kirchnerismo tiene en Sala una referente política y vincula su detención a aspectos políticos”. Fue la Comisión Interamericana y no el kirchnerismo la que dijo que la detención obedecía al enfrentamiento de Milagro con el gobierno provincial, del que es opositora.
  • “El caso no tiene que ser analizado políticamente”. El análisis político es insoslayable a la luz de la caracterización de la CIDH y a la ya mencionada militancia en la UCR de quienes persiguen a Milagro, sin contar la declaración del ex presidente de ese partido Ernesto Sanz cuando justificó la detención como necesaria para garantizar la gobernabilidad.
  • “Acá hay una investigación contra la dirigente por fuertes sospechas de corrupción”. La detención por sospechas, como admite el ministro, no forma parte de nuestro derecho constitucional. 
  • “Hay que leer esta recomendación en una tónica humanitaria. La morigeración de la prisión preventiva es por las condiciones en las que encontraron a Sala”. Tampoco es así. La CIDH enumera las agresiones y el hostigamiento que Milagro padece, con constantes traslados tan innecesarios como humillantes; la acumulación de causas para mantenerla en un estado constante de sobresalto, como en marzo del año pasado me confesó a mí Morales que se proponía hacer, y mediante la sucesión de sumarios por cuestiones de disciplina en los que no se le permite ejercer el derecho de defensa.
Como alternativas transitorias y debido a la “gravedad y urgencia” de la situación en que se encuentra Milagro Sala, “toda vez que sus derechos a la vida y la integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable”, la CIDH pidió a la República Argentina (es decir al presidente Maurizio Macrì que la representa ante el mundo) que tome las medidas para garantizar su vida e integridad personal, tomando en cuenta “la excepcionalidad de la prisión preventiva”. Entre ellas menciona “medidas alternativas a la detención preventiva, como el arresto domiciliario, o bien que la señora Milagro Sala pueda enfrentar los procesos en libertad, con medidas como la fiscalización electrónica”. 
Por más distorsiones y abiertas mentiras que utilicen los gobiernos de Jujuy y de la Nación, la cautelar dictada por la CIDH debe cumplirse y Milagro no puede seguir en la cárcel.

 Del otro lado del mostrador

El martes se inició en Córdoba y el miércoles concluyó en Mendoza el enjuiciamiento a los magistrados comprometidos con el terrorismo de Estado, en demostración de la vitalidad del proceso de Memoria, Verdad y Justicia pese a los intentos por paralizarlo o impedir su continuación. Luego del masivo repudio social al fallo de la Corte Suprema de Justicia por la aplicación del 2x1, hasta el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano relajó sus movidas por la impunidad y anunció que mudará su despacho a la EXMA, que hasta ahora estuvo sometida a un constante desfinanciamiento y desconsideración.

El Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba hizo todo lo posible por invisibilizar el juicio. Le asignó una sala minúscula donde el público que cupo fue una docena personas. Los demás familiares de las víctimas fueron confinados en un garaje con un televisor en miniatura y una transmisión en circuito cerrado que nunca enfocó a los jueces procesados (todos en libertad). Los imputados ya anunciaron que no harán uso de la palabra en la sesión de mañana como estaba previsto. Tampoco presentaron ningún incidente procesal que pudiera demorar un juicio que todos quieren rápido y sigiloso.
Y el presidente del tribunal, Julian Falcucci, le hizo saber al ministro de Justicia Luis Angulo, citado como testigo, que su presencia no era necesaria y que le mandaría el cuestionario para que lo respondiera por escrito. Pero Angulo, quien fue defensor particular de varios detenidos de entonces se negó, le dijo que en homenaje a las víctimas no usaría de esa prerrogativa y se encargó de hacérmelo saber. De Schiaretti se pueden decir muchas cosas, pero en estos temas es inobjetable. El gobernador asistió a muchas audiencias, se emocionó con los testimonios y celebró los fallos. Falcucci adelantó posición sobre el caso de Otero Álvarez al absolver a un secretario en una causa de Santiago del Estero, aduciendo que era sólo un fedatario y que el único responsable es el juez. Este razonamiento banal, a lo sumo podría aplicarse en caso de actos del secretario, pero no de omisiones, como en este caso (90 veces). Tanto el secretario como el juez escucharon los relatos de las víctimas y ninguno denunció los delitos que padecieron. Ambos son responsables de sus omisiones.
La secretaria leyó la acusación desde las 10 a las 17. Pese a su buena voluntad, fue un bisbiseo monótono, en contraste con el contenido terrible de las torturas, violaciones y asesinatos que narraba para establecer lo que los jueces, fiscales y defensores no investigaron o denunciaron.  Había dos grupos humanos bien diferenciados, casi parecían dos etnias. Procesados y jueces por un lado, sólo diferentes en la edad. Familiares y abogados de las víctimas por otro. En el cuarto intermedio reverencias del personal a los imputados, doctor de aquí, doctor de allá. Se sentían en casa. Obstruían el paso charloteando muy tranquilos. A un detenido encapuchado le hicieron tocar algo y le dijeron que eran los dedos de su hijo. Me intrigó la reacción que produciría la lectura de esta atrocidad en el secretario del tribunal de entonces, luego camarista del tribunal que condenó a Menéndez, y hoy procesado, Carlos Otero Álvarez. Advirtió mi mirada e intentó sostenerla. Aguantó dos minutos y no volvió a intentarlo. Si quería mostrar insensibilidad ante la descripción de su conducta aberrante, no era necesario. Si intentaba aparentar indiferencia ante el juicio le salió al revés. Más allá del veredicto, someterse a esa ceremonia que siempre oficiaron desde el otro lado del mostrador ya es un castigo intolerable para Otero Álvarez, Ricardo Haro, Antonio Cornejo y Miguel Puga. En el primer cuarto intermedio el defensor de Ricardo Haro (ex abogado de Primatesta, defensor, camarista, conjuez de la Corte Suprema de Justicia, constitucionalista citado ad nauseam) pidió que lo dejaran retirarse en atención a su edad (84) y sus problemas de salud, porque ya se habían leído los cargos en su contra. Imposible obviar el contraste con  la hermosa Sonia Torres, presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, que a sus 88 y luego de una semana en cama con gripe, se bancó la audiencia sin chistar. 
Durante la instrucción todos los jueces de Córdoba se excusaron por amistad con alguno de los imputados. Todos, pero todos. Cuando finalmente se elevó a juicio dejaron de excusarse porque ya no les servía y cuando uno de ellos fue recusado lo rechazó y preside el tribunal. Falcucci ocupó el lugar que dejó vacante Otero Álvarez, cuando renunció para impedir su destitución en juicio político y si se atiende a lo que cuentan en el propio tribunal, fue propuesto por el predecesor. Tuvieron que traer a un juez de Entre Ríos (el vocal del tribunal oral de Concepción del Uruguay, Jorge Sebastián Gallino) y a otro del Tribunal Oral Federal de La Rioja (José Camilo Quiroga Uriburu). 
A Quiroga Uriburu no lo recusaron porque nadie sabía lo que se contará ahora. El 5 de junio de 1978, el interventor de la dictadura en La Rioja, comodoro Francisco Federico Llerena, lo designó asesor letrado en la Secretaría de Estado de Gobernación, a cargo del vicecomodoro Daniel Eduardo Pasqualis, según consta en el decreto 1193/78. En 1972 y 1973 Pasqualis estuvo a cargo de la base misilística de El Chamical, denunciada por el obispo Enrique Angelelli por el envío de personal de inteligencia para forzar el desalojo de campesinos instalados en 56.000 hectáreas de La Chimenea, de modo de comprar su ganado a precio vil y apoderarse de las tierras. Pasqualis era el informante personal del presidente de la Iglesia argentina y vicario general castrense, Adolfo Servando Tortolo. En junio de 1973, luego de que un grupo de terratenientes, entre ellos Amado Menem, apedreara al obispo Angelelli en Anillaco, Pasqualis le escribió a su corresponsal eclesiástico que esos hechos habían mellado la legitimidad de Angelelli, lo cual facilitaría su remoción. No fue así y después del golpe el obispo fue asesinado en un falso accidente carretero. En julio de 2014 fueron condenados a prisión perpetua como autores mediatos de ese crimen Luciano Menéndez y el vicecomodoro Luis Estrella. Uno de los jueces que firmaron esa sentencia fue Quiroga Uriburu.
En Mendoza, fueron condenados a prisión perpetua el ex fiscal Otilio Romano y los ex jueces Luis Francisco Miret, Rolando Carrizo y Guillermo Max Petra Recabarren, como partícipes en las privaciones ilegales de la libertad, los homicidios, las desapariciones forzadas, las torturas, los robos y los ataques contra la integridad sexual de 200 personas. Luego de la condena, Romano dijo que la culpa de su condena era mía. “Horacio Verbitsky vino a hablar mal de mí y de Miret a la Universidad Nacional de Cuyo y uno de los jueces que tenía que juzgarnos fue a presenciar su charla. Pedimos que lo recusaran y no nos dieron bola”, dijo. No fui a hablar mal de nadie, sino a exponer sobre la responsabilidad criminal de quienes seguían siendo amos del fuero federal cuyano y ya eso motivó un escándalo. Asistir a una conferencia de alguien que no es parte en los procesos no es motivo de recusación. Salvo que lo que se intente sea reabrir la discusión sobre la legitimidad o la moralidad de los crímenes del Estado Terrorista. Agradezco la lisonja de Romano, pero no la convalido.
 

La exclusión fallida de De Vido y la exitosa de Biscay

Campeones morales

El Gobierno no pudo remover a De Vido pero cree que igual le sirve como argumento electoral aunque ya deterioró su relación con los gobernadores. En cambio pudo excluir a Biscay, justo cuando la bola de Lebacs se le viene encima, como vaticinó el ex director del Banco Central. En la primera licitación posterior a las elecciones, podrían ser canjeadas en forma compulsiva por un bono. De acuerdo al método de cómputo nacional de Peña Braun, Cristina les sacaría siete puntos a Macrì y Carrió sumados.


 La Alianza Cambiemos insistió en debatir la exclusión del Congreso de un diputado opositor por la vaporosa causa de “inhabilidad moral”, pese a que sabía la dificultad de obtener los dos tercios de votos presentes necesarios. El rechazo tuvo variedad de motivos. Algunos se opusieron porque temían sentar un precedente que luego pudiera volverse en su contra. Otros entendieron que se trataba de una puesta en escena para relegar del debate electoral la situación económica, como recomendó el consultor Jaime Duran Barba. No faltaron quienes vieron imposible cuadrar la propuesta de exclusión con la taxativa letra del artículo 66 de la Constitución, que habla de inhabilidad sobreviniente a la incorporación, no por hechos anteriores a la elección como sería en este caso. Otra razón para el rechazo fue la presunción de que el paso siguiente sería la negativa a incorporar a la ex presidente CFK si resultara electa al senado en octubre y la exclusión del ex ministro de Economía Axel Kicillof, como bramaron las heroínas radicales cívicas libertadoras Margarita Stolbizer y Elisa Carrió y el peronista cheto de PRO Eduardo Amadeo. Y también hubo quienes bien saben que si algún tango pecaminoso bailó Julio De Vido, no estuvo solo en la pista.

Burguesía Nacional RIP


El propio presidente Maurizio Macrì y el ministro de Obras Públicas Rogelio Frigerio (n) ejercieron presiones reservadas y públicas sobre los gobernadores. Cualquiera fuese el resultado, entendían que un exaltado debate sobre los presuntos delitos contra la administración pública cometidas en el periodo 2003-2015 debilitaría las chances electorales de Cristina y de aquellos que pusieran menos énfasis en el repudio al ex ministro, quien alegó que durante su gestión se llevó a cabo el mayor plan de obras públicas de la historia. Faltan apenas dos semanas para comprobar la exactitud o el error de este razonamiento.
El gobierno no puede contar con buenas noticias económicas pese al entusiasmo del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne. Comprensible si se atiende a la magnitud de su fortuna, la segunda más alta del gabinete nacional, pero de difusión poco conveniente, ya que 74 de los 97 millones que declaró el ministro encargado de conseguir inversiones extranjeras están en el exterior, insuperable metáfora de las imposibilidades de Cambiemos. Nieto del empresario de la construcción Israel Dujovne e hijo del ex decano de Arquitectura de la UBA Berardo Dujovne, el ministro de Macrì no proviene de la tradicional oligarquía diversificada y trasnacionalizada, pero es notorio que ha adoptado sus pautas de conducta, prueba concreta de la extinción de la añorada burguesía nacional del primer peronismo.
Toda acción tiene también efectos no buscados, en este caso la puesta en tensión del vínculo del gobierno nacional con los gobernadores que rehusaron plegarse a la estrategia oficial, cuyas secuelas acaso se hagan más evidentes después de los comicios legislativos de este año. Por lo pronto, la votación en la que el oficialismo no quedó a pocos votos sino muy lejos de la meta, ha resentido el proyecto de una Liga de Gobernadores peronistas conjurados contra CFK. Acicateado por los buenos pronósticos a favor del candidato de PRO Héctor Baldassi, quien podría superar al candidato de Unión por Córdoba, Martín Llaryora, el gobernador Juan Schiaretti se lanzó a la captura del voto antikircherista, que en su provincia es aun más fuerte que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También logró incorporar a sus filas a varias de las figuras en las que el kirchnerismo confió en Córdoba, como el ex diputado, rector de la Universidad e intendente de Villa María, Martín Gill. La construcción política del kirchnerismo no pudo ser más desastrosa. En la elección de 2007, mientras Ricardo Jaime apoyaba a Schiaretti, Alberto Fernández respaldó a Luis Juez, con lo cual lograron malquistarse con todos. Luego Carlos Zannini depositó su confianza en el intendente de Villa María Eduardo Accastello, y se ilusionó con las promesas de Schiaretti, quien en 2015 le hizo creer que luego de la elección provincial en la que seguiría a José de la Sota, en la presidencial apoyaría a la fórmula del Frente para la Victoria. Por eso la fiscalización fue delegada en la esposa de Schiaretti, Alejandra Vigo. Sin fiscales propios, el resultado fue el peor del país. Este año Vigo encabeza la lista del cordobesismo y Accastello declinó postularse, por lo que la representación del kirchnerismo fue asumida por el joven y poco conocido dirigente de la CTA, Pablo Carro, pobre pero honrado.

¿Cómo frenar a Cristina?

Aunque Cristina gane la elección en la provincia de Buenos Aires, los gobernadores impedirán que vuelva a la conducción del justicialismo, sentenció Schiaretti al inaugurar un tramo de la autopista Córdoba-Río Cuarto. La admisión sobre ese posible triunfo es llamativa en alguien que no lo desea y refleja el estado de ánimo general entre quienes no creyeron que Cristina se presentara y luego se ilusionaron con que su candidatura no resultara atractiva. La certeza de Schiaretti sobre el día después quedó dañada con la votación sobre De Vido. Sólo él y otros cinco gobernadores (Chubut, Misiones, Neuquén, Salta y Santa Fe) se alinearon con Macrì. Cinco integran la alianza gobernante (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Corrientes, Jujuy y Mendoza), dos no tienen legisladores que les respondan (Tierra del Fuego y Río Negro) y once desoyeron el reclamo oficial (Catamarca, Chaco, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Santa Cruz, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán).
También el gobierno nacional admite una alta probabilidad de derrota frente a Cristina, pero la minimiza de dos maneras: por un lado, la presentación de los votos que pueda sacar como porcentaje del padrón nacional. Por otro, con la expectativa de que un mal resultado del gobierno en agosto mute en una victoria en octubre, como si se tratara de la segunda vuelta en un balotaje. El jefe de gabinete Marcos Peña Braun adelantó el primero de esos consuelos, al decir que el resultado de la ex presidente será magro a escala nacional. Este argumento sólo puede tener algún efecto sobre un oyente distraído. Las elecciones legislativas son por distrito, de modo que el porcentaje de cualquier vencedor provincial se reducirá en forma significativa en una proyección nacional, pero aún así es improbable que alguien la superara. Por ejemplo, si se considera una asistencia a votar del 70 por ciento del padrón, el 35 por ciento que las proyecciones más moderadas asignan a Cristina en Buenos Aires equivaldría al 18,5 por ciento de los votos válidos emitidos en todo el país. El 50 por ciento que Elisa Carrió podría obtener en la Capital Federal sería el  5,67 por ciento a escala nacional, y el 70 por ciento que Macrì obtuvo hace dos años en el distrito en el que mejor le fue, Córdoba, no pasaría del 6 por ciento nacional. Es decir que aplicando el método Peña Braun, Cristina estaría siete puntos por encima de las dos principales figuras de Cambiemos, Macrì y su protectora.
Los voceros oficiosos del gobierno afirmaron la ilusión de un corrimiento de votos hacia Cambiemos en octubre. Pero esa es la única elección con peso institucional, cuando se asignan las bancas que corresponden a cada competidor. Quien sin simpatizar con Cambiemos, por temor a CFK apoyara la boleta del anodino Esteban Bullrich echaría por la borda todo el esfuerzo realizado a cambio de nada. La imagen del piso alto y el techo bajo de Cristina es estática y no contempla los desplazamientos políticos. Lo mismo sucedía en 2009, pero la entonces presidente fue reelecta en 2011 con el 54 por ciento. La recuperación comenzó con el crecimiento de la economía luego del año horrible debido a la crisis mundial, se aceleró con los festejos del bicentenario en mayo de 2010 y se convirtió en un alud a partir de la muerte de Néstor Kirchner. A la inversa, Carrió obtuvo el 2,28 por ciento de los votos en la primaria bonaerense de 2015 y podría colectar la mitad de las voluntades porteñas ahora, lo cual ratifica lo mudable de la voluntad popular.
La decisión que Schiaretti atribuye hoy a la Liga de Gobernadores no es muy diferente a la que reinaba hace un año entre los intendentes bonaerenses. Pero a partir de diciembre se produjo una corrida tras de ella, no por amor sino por instinto de conservación, como hoy constatan quienes decidieron seguir al irrelevante ex ministro Florencio Randazzo. El Movimiento Evita está en desbandada en el Gran Buenos Aires e intenta mantener sus listas locales pero al mismo tiempo apoyar a Cristina en la contienda provincial, mientras los intendentes que no saltaron a tiempo meditan hacerlo después del 13 de agosto. Un fenómeno similar podría darse con los gobernadores ante una Cristina vencedora en Buenos Aires, a quien nadie podría disputar con éxito asegurado la candidatura presidencial en 2019, si ella se lo propusiera, ni ignorarla en la reestructuración peronista inevitable de otro modo.
La buena recepción a Cristina en cada aparición pública, la disparada del dólar pese a la decidida intervención del Banco Central, ante la cual las declaraciones tranquilizadoras del tipo “no estamos preocupados por el dólar” sólo incrementan la inquietud porque dan la imagen de un gobierno autista, están afectando la nitidez de la estrategia electoral. Luego de semanas de prescribir el destierro de la economía del discurso proselitista, el propio Macrì comienza a hablar de la inflación, aunque más no sea para proclamar que ya está bajo control, otro sueño diurno. Como otra señal de la confusión y el apuro, los propagandistas oficiales postulan no esperar a octubre sino invertir el mayor esfuerzo para vencer en agosto. El problema es que no saben cómo.

El que avisa no es traidor

El Poder Ejecutivo tuvo más suerte en su decisión de remover al director del Banco Central Pedro Biscay. Para ello obtuvo dictamen favorable de la Comisión Bicameral del Congreso, que preside Federico Pinedo y en la que consiguió el apoyo del ex ministro de Menem y ex vocero de Duhalde,  Eduardo Amadeo, y de Luciano Laspina. En la cartilla escolar que Peña Braun distribuye con el título “Qué Estamos Diciendo”, se afirma que Biscay incumplió con las responsabilidades de su cargo y tuvo actitudes que configuran “un caso de mala conducta y violación de los deberes de prudencia y responsabilidad”. Según Peña Braun, Biscay tiene derecho a criticar al Gobierno Nacional, pero sus críticas y pronósticos pesimistas sobre la política del Banco Central están reñidos con su cargo como miembro del directorio. “Una de las tareas principales del Banco Central, según su Carta Orgánica, es preservar el valor de la moneda. Y una de las maneras principales de lograrlo es que el público confíe en el valor de esa moneda”. Las posiciones de Biscay “no se adecúan en lo más mínimo a las políticas de comunicación de cualquier Banco Central mínimamente responsable” y conspirarían contra ese objetivo. Atribuir el fracaso de una política a las críticas de quien se anticipó a señalar los errores es el camino seguro para repetirlo.
Según el decreto de remoción la política de comunicación del Banco Central que sólo permite expresarse al presidente coincide con la de los bancos centrales de la Unión Europea y los Estados Unidos. Esto no se ajusta a la verdad, dado que tanto el FMI como el Banco de Ajustes Internacionales de Basilea estimulan la divulgación de las controversias con individualización de criterios que se producen en el seno de las reuniones y comités de política monetaria, como forma de “garantizar la pluralidad de criterios en cuerpos colegiados”.
Por eso es importante rememorar ahora cuáles fueron las advertencias que Biscay presentó al presidente Federico Sturzenegger y divulgó en declaraciones públicas. En abril del año pasado sostuvo que la inflación no bajaba pero los niveles de absorción monetaria por medio de la colocación de letras habían alcanzado niveles exorbitantes y los títulos de deuda del Banco en pesos ya superaban al circulante monetario. La tasa fijada para controlar el tipo de cambio define la tasa de referencia de la economía y desincentiva cualquier actividad productiva, que no puede competir con tal rentabilidad. Si a ello se suma la desregulación del mercado cambiario, las medidas que incentivan la dolarización de carteras, la eliminación del encaje al ingreso de capitales y su límite mínimo de estadía, la posibilidad de comprar Letras por parte de no residentes y el aumento a cinco millones de dólares por mes la formación autorizada de activos en el exterior, están haciendo del sistema financiero “un paraíso de altos rendimientos en dólares y en inversiones de muy corto plazo, incentivando operaciones de carry trade”, que es el nombre elegante de la bicicleta financiera. Las Lebac´s se convirtieron en la opción más lucrativa para los bancos locales. Como gatos gordos perezosos abandonan su función crediticia y sólo se dedican a la rentabilidad especulativa. Este esquema es nocivo para la economía real y desprotege los derechos patrimoniales de los consumidores y los agentes de la producción frente a las finanzas. Esto eleva los costos de financiamiento de las empresas, sobre todo de las pequeñas y medianas, y también afecta la estabilidad financiera, porque en un contexto de alta inflación, aumenta el riesgo de incobrables en las carteras de crédito de los bancos, agregó entonces Biscay. A su juicio, la estabilidad financiera está ligada al crecimiento económico, la reducción de la desigualdad y de la pobreza, todo lo contrario de la actual política que, además, dibuja nubes negras sobre el futuro del propio Banco Central. Esta inundación de letras condiciona su poder y en el momento en que se decidiera no renovar esos títulos a su vencimiento, se generaría una formidable expansión monetaria, el peor veneno para el credo neoliberal. Esto es exactamente lo que hoy está ocurriendo, momento elegido para matar al mensajero porque el gobierno no soporta las consecuencias de sus propios actos. Con el dólar por encima de 18 pesos y las tasas en el mercado secundario en 28 por ciento, en el sector financiero comienza a circular la versión de que al primer vencimiento posterior a las elecciones, el Banco Central las canjearía por un bono compulsivo, con pérdidas significativas para los pequeños ahorristas que pusieron su dinero allí como defensa contra la inflación, pero que lo necesitan a corto plazo. En cambio ese canje hasta podría ser un buen negocio para los bancos, que tienen en su cartera más de la mitad de las Lebacs.