domingo, 16 de julio de 2017

PepsiCo, un trago amargo

PepsiCo, un trago amargo

El cierre de una fuente de trabajo decidido por PepsiCo con el apoyo activo de Macri y Vidal. Las sinrazones de la empresa, sucesivas mentiras. Complicidad de Bullrich. Todo lo que debió hacer Triaca y dejó de lado. La represión brutal y ensalzada. Algo sobre el impacto social de un despido tan masivo.

 Por Mario Wainfeld


La mayoría de las personas empleadas en la planta de PepsiCo en Vicente López son mujeres. Es muy frecuente en la industria alimentaria, que suele ser mano de obra intensiva. Todo cambia, siempre hay avances tecnológicos. No obstante,  esa rama fabril conserva muchas condiciones laborales del taylorismo: plantas con número grande de personal, líneas de producción, labor monótona y repetitiva, lapsos brevísimos para comer o ir al baño, compromiso corporal que se traduce en daños físicos y enfermedades profesionales.
Más de seiscientas personas fueron echadas por designio patronal.

En 2014 otra multinacional de gran porte, la gráfica Donneley, acudió al subterfugio de pedir su propia quiebra para dejar de producir en la Argentina. La legislación y los tribunales comerciales, diseñados para servir a las empresas, le facilitaron la labor. La lucha de los trabajadores y cierto apoyo estatal coadyuvaron a que se formara una cooperativa de trabajo. La legislatura bonaerense ordenó la expropiación. Tal vez medió un milagro de San Cayetano: la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal no vetó la ley, dejando de lado por una vez su costumbre o vicio de impedir la supervivencia de las empresas recuperadas.
PepsiCo está impedida de manejarse como Donneley porque es tan próspera dentro de la Argentina como en el resto del mundo: tiene otras fábricas en este suelo. No puede partir y dejar un tendal.
Fundó el cierre en causas imprecisas, gánicas: “compleja estructura de costos”, “ubicación en un área residencial”.
En  su segunda falacia anunció que todos los laburantes encontrarían conchabo en la planta de Mar del Plata. Hubiera sido un problema y un abuso patronal del llamado “ius variandi”: derecho a cambiar de modo razonable y no lesivo las condiciones de trabajo. Compeler a centenares de familias a mudarse 400 kilómetros, re afincarse, buscar colegio para los hijos, separar a las parejas que laburan hubieran sido alguna de las derivaciones más perjudiciales y evidentes. Las ahorraron al sincerarse y reconocer que cerraban las puertas y despedían. Nadie fue reinstalado en La Feliz.
Se fabuló que Mar del Plata quedaba más cerca de los lugares en los que se cultiva papa, insumo imprescindible para uno de sus tantos productos muy vendidos. Como informó este diario, PepsiCo importa papas desde Chile, en cantidades que crecieron exponencialmente en 2016 y 2017. Incluso hay bolsas que presentan el snack como made in Chile
El  sindicato fue concesivo por demás. El ex Secretario General de la CGT y actual del gremio, Rodolfo Daer, consideró un triunfo haber “conseguido” lo que PepsiCo ofertó de movida: una indemnización duplicada para quienes se avinieran.

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Y pegue, Heidi, pegue: Las cifras sobre las transacciones son aproximadas porque se firmaron en distintos estudios contratados por la patronal y no en el ministerio de Trabajo.    
Más de cien trabajadores no la aceptaron, se movilizaron, tomaron la fábrica.
PepsiCo sacó de la galera una denuncia por riesgo ambiental,  que se habría suscitado como por encanto: de improviso, tras muchos años de actividad ininterrumpida. La jueza Andrea Rodríguez Mentasty  le dio cabida al reclamo, el fiscal Gastón Larramendi ordenó un desalojo manu militari.
La Policía Bonaerense protagonizó un operativo bélico, sin intentar mecanismos de negociación. Se produjeron incidentes. Los uniformados reprimieron a los ocupantes, a los cronistas y fotógrafos que cubrían el acontecimiento. Desmantelaron un campamento que había afuera, le pasaron literalmente por encima quienes lo ocupaban pacíficamente (de nuevo, mayormente mujeres), rompieron con saña tenaz instalaciones de la fábrica.
Arrojaron gases y balas de goma, repartieron palos con ecuanimidad: a cualquiera que quedara a su alcance.
Hubo policías, trabajadores y militantes heridos. Los gases pimienta afectaron y aterraron a alumnos de un jardín de infantes y de una escuela primaria cercanos.
La Ministra de Seguridad Patricia Bullrich y su par bonaerense Cristian Ritondo lamentaron solo a los heridos uniformados. Ni por los chicos o las maestras tuvieron compasión. Alegaron que estaban cumpliendo la Ley, un mandato de la Justicia (en su modo verbal, usaron mayúsculas, le juro).
La Sala VI de la Cámara Laboral emitió el único pronunciamiento judicial sensato. Ordenó, como medida cautelar en el juicio “Gómez Leandro y otro c/PepsiCo de Argentina”, la reincorporación de un conjunto de empleados que la habían requerido. El fallo, bien fundado, se basa en que no se cumplió el Procedimiento de Crisis.
El Centro de Información Judicial, que regentea la Corte Suprema de Justicia, fue fiel a su jurisprudencia anti obrera y anti sindical: ni siquiera publicó la sentencia.
Para quien quiera ampliar su información se recomiendan dos notas: la del periodista Fernando Rosso en el portal Anfibia (previa a la represión) y la de la colega Adriana Meyer, en Página 12 de anteayer.
Repasemos hechos y derecho, a modo de racconto.

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Usos y abusos del Derecho: Un principio  general establece que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Otro, correlativo, que ningún derecho es absoluto. Armonizar derechos es una de las obligaciones de las autoridades de los tres poderes del Estado.
El artículo 14 bis de la Constitución reconoce a los trabajadores la “protección contra el despido arbitrario”. Claro que no es absoluta y en muchas relaciones no equivale a la plena estabilidad: puede suplirse por una indemnización. A su vez, tampoco es absoluto el derecho patronal a despedir, pagar y quedar liberado de responsabilidades.
El Procedimiento Preventivo de Crisis es obligatorio en caso de despido de más de 50 trabajadores.  La norma dispone que, antes de poner multitudes de patitas en la calle, la empresa “debe explicitar las medidas para superar la crisis o atenuar sus efectos”. Es ley, a la que deberían someterse Bullrich y el ministro de Trabajo Jorge Triaca.
La Cámara Laboral agregó que no existe un imperativo de reincorporar a los trabajadores pero que tampoco está prohibido hacerlo. Añade que “el objetivo primario de las reparaciones en materia de Derechos Humanos debería ser la restitución o rectificación en vez de la compensación”.
El relato M niega, subestima o desdeña el impacto colectivo del cierre de una fuente de trabajo. Se propaga más allá de las personas directamente damnificadas y sus familias. Perjudica también a las comunidades en las que trabajan. Los comercios, el transporte, el vecindario padecerán el desguace y se descapitalizarán. Es un problema social, que interpela al Estado  y no un conjunto de conflictos individuales resolubles con un poco de plata.

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El tiempo es oro: El manejo del tiempo oficial y privado explica mucho y ayuda a desentrañar la trama de alianzas. PepsiCo emprende una decisión grave, que daña a miles de ciudadanos. Nada la urge salvo su afán de lucro, no está en peligro inminente. Ni aduce estar al borde de la quiebra o en dificultades financieras.
Todas las agencias estatales son dóciles o funcionales a su afán de celeridad: los ministerios de Trabajo y Seguridad, la policía brava, la jueza y el fiscal.
A los trabajadores, en cambio, los hubiera favorecido que un tratamiento prolongado del conflicto: que se fuera negociando con tiempo. Trabajo cuenta con herramientas funcionales para conseguirlo, se valía de ellas durante los gobiernos kirchneristas.  El procedimiento de crisis es uno, otro la conciliación obligatoria que “congela” el entredicho manteniendo vigentes las obligaciones de las partes.
Tentemos una pregunta contra fáctica: ¿qué hubiera pasado si en vez de correr a complacer a PepsiCo Triaca le hubiera dado tiempo a la patronal, el gremio, los delegados, los laburantes? Se trata de un interrogante pseudo socrático, confesamos: presupone su respuesta. Empleadas y empleados hubieran seguido con sus tareas, cobrando sus sueldos. El perjuicio a la empresa sería absorbible y se hubiera atenuado la presión del más fuerte sobre el más débil sin borrarse.
Una lectura sensata, no conspirativa pero tampoco cándida, ayuda a entender que el acuerdo entre la multinacional y los Ejecutivos nacional y bonaerense precedió a la colocación del cartel en el portón de la fábrica. PepsiCo se mandó porque contaba con el aval del gobierno, desde el vamos. Lo demás fue liturgia… y palos.

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La sinceridad de los Chirolitas: PepsiCo abusa de su poder, aprovechando el contexto político favorable. Funcionarios y magistrados fungen como Chirolitas de ese Mister Chapman. Como el querible muñeco, son más francos que el ventrílocuo. No se entretienen en la zaraza de la multinacional sobre costos, dificultades para seguir produciendo en el mismo paraje. Triaca y Heidi Vidal son más sinceros cuando macartean a la izquierda (tanto política como sindical) a la que culpan de la  barbarie policial reciente tanto como de la falta de responsabilidad social empresaria de PepsiCo y de otros emprendimientos extranjeros, como Donneley, Lear o Kraft Foods.
Si el Gobierno fuera pacifista agradecería a los diputados y referentes que pusieron el cuerpo el jueves. Su presencia siempre vale, en situaciones extremas. Bien que mal, induce a las fuerzas de seguridad a contener su idiosincrasia violenta…ay, nunca del todo.
En plena barbarie se observó una escena plena de involuntario simbolismo. El diputado del FIT Nicolás del Caño le exigía a un comisario que controlaran su violencia. Este replicó que nadie estaba pegando y lo conminó: “no haga populismo”. Por lo visto, el discurso oficial cala hondo en receptores poco previsibles. No vaya a suponer que la Bonaerense estudia a Ernesto Laclau o a Chantal Mouffe, ni a sus críticos o detractores. Es más que posible que sus cuadros reciban los instructivos propalados desde Jefatura de Gabinete mediante cadenas de e -mails (el Grupo “Qué estamos diciendo”). Un manual de lugares comunes concebido para personas cortas de entendederas a quienes no se  comide a razonar sino a repetir como loros.
Otro Chirolita, el fiscal Larramendi, aseguró que más del 80 por ciento de los trabajadores habían llegado a un acuerdo con la empresa. De nuevo: no hay números oficiales, el fiscal se hace vocero de PepsiCo mientras explica (su único acierto) que no es asunto suyo.
El funcionario mostró demasiado amor a la camiseta (amarilla), la transpiró ante micrófonos y cámaras. No consiguió justificar las demasías, ni el apuro en consumarlas. Se enredó en argumentos laborales cuando se suponía que actuaba para proteger al ecosistema. Enhebró un puñado de papelones, agravados por graves dificultades para expresarse en castellano. Bullrich, en cambio, lo hace de corrido aunque con  tropiezos para conjugar verbos, anche los regulares.

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Apuestas macristas: Los medios dominantes redondearon la narrativa M. Camuflaron o negaron a la barbarie policial.
Lo sucedido muestra a la coalición gobernante en estado puro: empresas multinacionales flexibilizando, librándose de trabajadores o delegados combativos. Los estados provincial, nacional y municipal a su servicio, los medios como arietes, una juez y un fiscal inescrupulosos e irresponsables cerrando el círculo. La violencia económica y policial, como recursos.
El presidente Mauricio Macri y Vidal, en persona, tele comandaron la represión. La jugada preanuncia el avance de la contrarreforma laboral y es también una táctica de campaña, que el oficialismo presupone exitosa. Interpreta que (y apuesta a) un debilitamiento de la solidaridad entre trabajadores. “La gente” ya no solo despreciaría a los “planeros” o piqueteros, también a laburantes despedidos. Cedería la conciencia de clase o la racional empatía con quien atraviesa un trance que “me podría tocar a mí”.

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Del derecho a la espera: Un hilo conductor enlaza los hechos centrales de esta columna con las supresiones abruptas y sin preaviso de las pensiones no contributivas o por viudez o el Progresar. Quienes contaban con ese beneficio eran titulares de derechos, reconocidos por el Estado.
Cuando se los despoja de un saque, aunque se retracte parcialmente, se los coloca en otra posición. Deben esperar que la santurrona ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, acoja sus reclamos, conceda. Ya no ejercen un derecho, esperan una suerte de favor. Nota al margen: por ahora Stanley está deshonrando en alta dosis sus promesas.
El ritmo y los hechos consumados impuestos por PepsiCo con la complicidad del Gobierno debilitaron la capacidad de respuesta de muchos trabajadores. La empresa actuó en caliente: llamó a cada empleado o empleada o habló con personas de su familia, para convencerlos de que les convenía arreglar. Tómelo o déjelo, en plazo perentorio.
Dejemos abierta una pregunta sobre el futuro de lxs trabajadorxs indemnizadxs, a quienes algunos gamberros describen como privilegiadxs. ¿Qué podrán hacer para reinsertarse en un mercado laboral deprimido y en muchos casos, en condiciones físicas que les dificultarían pasar un examen pre ocupacional?
Es una cuestión ajena a la agenda y la ideología del macrismo pero que será crucial en sus vidas.

 Brasil, decime qué se siente

Se repite en eco: como slogan, como mantra, como verdad revelada. “La Argentina iba en camino de ser Venezuela”. Se sabe quién la salvó de ese destino manifiesto. La afirmación es falaz e interesada, su único objetivo es desacreditar a los gobiernos kirchneristas.

La comparación es, desde el vamos, improbable o imposible. Demasiadas diferencias entre los dos países, su historia lejana o reciente, su tradición política, su cultura popular, los modelos de liderazgo del siglo XXI… solo para empezar.
Trazar un parangón entre Argentina y Brasil es más atinado, siempre a condición de reconocer diferencias y asimetrías. Hubo paralelismos en el siglo pasado: las presidencias de Juan Domingo Perón y la de Getulio Vargas. Las de Carlos Menem y Fernando Collor de Melo, las dictaduras.
A partir de 2003 aumentan las analogías y hasta las sincronías. Los presidentes Lula Da Silva y Néstor Kirchner asumieron con poco más de cuatro meses de diferencia. Fueron aliados, los sucedieron sendas presidentas, las primeras en la historia de cada nación. Ambas resultaron reelectas, Añadamos el desendeudamiento (casi simultáneo y acordado) con el Fondo Monetario Internacional, el ascenso de las clases más humildes, la Asignación Universal por Hijo y Bolsa Familia. Y cien etcéteras.
El fin de la continuidad demarcó un hiato, enorme. El presidente Mauricio Macri le ganó al kirchnerismo en elecciones libres. Su colega brasileño, Michel Temer, llegó merced a un golpe institucional maquillado.
Como nota al pie: el consultor predilecto de Macri, Jaime Durán Barba, reconoce la falta de sustento de la destitución de Dilma en el reciente libro que firma junto a Santiago Nieto (“La política en el siglo XXI”). Describe al juicio político como “un carnaval bizarro en el que la banalización de la política llegó a un extremo difícil de concebir”. Unas líneas más adelante, retoma su cinismo clásico: asevera que la ex presidenta “fue destituida por su impopularidad” y coquetea con justificarlo.
Volvamos al eje.

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La legitimidad de origen de los actuales mandatarios de Argentina y Brasil distingue a los dos procesos políticos. Pero es posible que estén tendiendo a parecerse, convergiendo del peor modo.
 La infundada condena penal contra Lula por un delito no probado, sin prueba documental alguna mientras crece su popularidad tiene un aire de familia con la coyuntura argentina. Acá también se judicializa la disputa electoral entre macrismo y kirchnerismo, acosando a Cristina Fernández de Kirchner. La proscripción vía condenas judiciales es una amenaza conjunta. En Brasil está más avanzada, lo que regocija a su establishment y motiva envidia de las clases dominantes argentinas.
Allá se votó una reforma laboral regresiva. Acá está en barbecho. Las legislaciones son distintas, tanto como los niveles de sindicalización y el piso de protección social, más satisfactorios en nuestro país. Pero hay voluntad similar para socavar derechos, favorecer a las grandes patronales, desguarnecer a los trabajadores.
Este cronista no es partidario hacer aseveraciones rotundas o excluyentes sobre la legitimidad de ejercicio: debe ser sopesada por el pueblo soberano al votar.
No obstante, sí es válido advertir sobre la erosión de la legalidad democrática, que se incrementa día tras día. Milagro Sala sigue presa sin condena firme, la Corte Suprema silba bajito. Se quiere desplazar, acaso por decreto, a la Procuradora Alejandra Gils Carbó. El cierre de la planta de PepsiCo rebosa de ilegalidades, acuerdos espurios entre funcionarios y la patronal, violencia de fuerzas de seguridad (ver nota aparte). Las reforma previsional (a la baja, desde ya) se avizora en el horizonte cercano. Se multiplican los conflictos de intereses de miembros del Gabinete que benefician sin empacho a sus empresas de origen. Y siguen las firmas.
Tal vez los comicios de octubre sirvan de parate a la escalada macrista. Para eso, deben ser libres. La historia comprueba que, desde 1945, siempre existieron bajo gobiernos peronistas. Pero ninguno de los otros partidos que llegó a la Casa Rosada se privó de proscribir alguna vez: ni los radicales, ni los desarrollistas. Esa perversión se discontinuó desde 1983, mérito de todos los jugadores del sistema democrático.
El PRO, un partido nuevo, afronta el desafío de preservar tamaño avance, diferenciándose de los precedentes del peor pasado. Habrá que ver y, por cierto, que controlar como cuadra en votaciones con sufragio universal y participación ciudadana.

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