domingo, 9 de julio de 2017

Por quién doblan las campañas

Por Mario Wainfeld

Por quién doblan las campañas

Esfuerzos compartidos para no hablar de economía. La ley OCDE y la cláusula Odebrecht: quiénes las promueven y por qué. La corrupción empresaria, pretexto para hacer campaña. Cristina, blanco favorito de distintas fuerzas y candidatas. Jueces y fiscales le dan una manito al oficialismo. La lucha por el derecho del trabajo, un apunte.


Un discípulo menor de Plutarco podría, tal vez, escribir sobre las vidas paralelas de las diputadas Elisa Carrió y Margarita Stolbizer. Desgajadas, por voluntad propia, del tronco partidario del radicalismo supieron ser aliadas un par de veces. Se detestan desde hace muchos años, que incluyen esos intervalos como correligionarias de ruta. Se sacaron chispas en la Cámara mientras se debatía el Régimen de Responsabilidad Penal para las Personas Jurídicas, a la que apodaremos “Ley de Responsabilidad Penal Empresaria” (LRPE).
Competían por ser la mayor cruzada contra la corrupción. “Lilita” cuenta con una ventaja política para las elecciones de octubre: por ser oficialista y candidatearse en Capital, va en pos de una victoria amplia. Stolbizer, que integra una entente electoral con el diputado Sergio Massa, brega por una improbable banca de senadora bonaerense por la minoría.
Pero Stolbizer dispone de más margen que Carrió para polemizar sobre corrupción: puede cuestionar al kirchnerismo y a Cambiemos, que gobierna hoy. Lilita, en cambio, calla o absuelve al equipazo del presidente Mauricio Macri.
De cualquier forma, un objetivo y un blanco móvil las congrega: la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Las campañas doblan por ella. La mayoría de las campañas, para ser más estrictos. La ex ministra de Salud Graciela Ocaña, otra denunciadora serial (que aborrece a Margarita y a Lilita) será vanguardia de esa batida.
El eje del debate y el veredicto electorales, hasta el diario Clarín titula así, debe ser la corrupción (la K, se entiende) y no “la economía”.

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La cláusula Odebrecht de la ley OCDE: El Congreso se aletarga en los meses previos a las elecciones, es habitual. En estos días se desperezó para tratar leyes penales. Oportunistas, plagadas de inconstitucionalidades e inconsistencias.
La limitación de las excarcelaciones a condenados por delitos graves aspira a atraer a amplias franjas del electorado.
La LRPE, a su vez, apunta a matar varios pájaros de un tiro. El proselitismo, embanderado en la transparencia, desde ya.
Además, acata una vieja demanda de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El oficialismo escondía un cuchillo bajo el poncho: una cláusula con nombre y apellido o, mejor dicho, con el nombre de una empresa. El artículo 37, que enfrentó a Carrió versus Stolbizer (a dos vertientes del anti kirchnerismo), permitía al Procurador del Tesoro llegar a un acuerdo con la empresa Odebrecht para trocar información por impunidad, vaya a saberse en qué proporciones.
Fue frenado hasta por la oposición complaciente: era demasiado.
Aun con ese alivio relativo, el paquete que llega a Senadores es deplorable. Se adoptan instituciones clásicas en el derecho anglosajón, menos asiduas en el argentino. La normativa foránea tiene buena prensa. Para entender cómo funciona, el lector profano puede pispear series televisivas. Pueden ser eventualmente apologéticas, pero también muestran los defectos de esos toma y daca, con mucha más franqueza que demasiados dirigentes criollos.
La exaltación del “arrepentido” es uno de ellos. Propiciar incentivos para los buchones, así sean de élite, es una práctica riesgosa. El propio vocablo “arrepentido” debe ponerse en cuestión. Los sujetos que tanto entusiasman a los legisladores delinquieron. No se arrepienten de su falta ni se someten a la pena: la trafican. Fungen como delatores premiados. Con más tecnicismo Esteban Righi, ex Procurador General y penalista destacado, los describe como  “sujetos a los que el Estado premia un acto de delación reduciendo a cambio las consecuencias desfavorables del delito” (prólogo al libro El delito de administración fraudulenta).
La norma es publicitada como un mecanismo para juzgar y condenar a empresarios inescrupulosos. Sería formidable que eso sucediera en una sociedad en la que ese estamento social goza de notable impunidad. No hay tal. Se difunden surtidas informaciones sobre causas abiertas y personas condenadas: casi no hay registro de empresarios presos. Cometen, empero, numerosos delitos: evasión impositiva, libramiento de cheques sin fondos, vaciamiento de empresas, trata de personas, explotación de trabajo infantil solo para empezar y sin entrar en detalles de cómo se las tipifica.
La OCDE y la coalición de clase que nos gobierna no legislan sobre el punto para hacer justicia penal redistributiva. Consagran un rebusque de las corporaciones frente a relativos logros de la comunidad internacional respecto de baluartes del capitalismo global, como el secreto bancario.
El sistema que se votó y festejó les abre una puerta a las empresas para diluir responsabilidades, desamparando a algunos de sus cuadros. A cambio de delatar a personas físicas de su elenco preservarían sus negocios. En alarde de franqueza y maldad insolente Odebrecht lo planteó con todas las letras. Tropezó con escollos que “la nueva ley” allanará para otros jugadores.
Macristas y massistas reclaman la paternidad del artículo que declara imprescriptibles los delitos de corrupción. Su legalidad es dudosa porque colisiona con tratados internacionales que forman parte de la Constitución, pero dejemos para otra vez ese debate “periodísticamente incorrecto”. Vayamos al archivo, disciplina tan olvidada.
El actual presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, fue en su momento acusado de haber cometido el delito de “negociaciones incompatibles con la función pública” al beneficiar a un grupo de bancos en el Canje de deuda realizado en junio de 2001. Obtuvo el sobreseimiento porque interpuso la prescripción. Haber zafado en esa causa por corrupción le permite ahora ser un pilar de la política económica M que la campaña trata de ocultar con artificios como la LRPE. Injusticia poética, póngale.

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Contienda desaforada: Otro motivo de agitación parlamentaria, por ahora postergado, es el desafuero del ex ministro de Planificación y actual diputado Julio de Vido. El fiscal Carlos Stornelli pidió su detención invocando desviación de fondos a favor de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Contra lo que titularon los medios y vociferaron tantos políticos, no existe acusación de cohecho (dádivas) ni sobreprecios. El asunto es maná para el oficialismo porque el empresariado sigue intacto. Se recomienda, para ahorrar camino en esta, la lectura de la redonda nota de Raúl Kollmann en este diario: www.pagina12.com.ar/48157-un-centro-para-la-campana-del-macrismo. Recuerda que De Vido fue absuelto de la acusación de cohecho en ese asunto, por el insospechable juez federal Claudio Bonadio. La decisión está apelada.
Stornelli es aliado histórico de Macri, trabajó para él en el club Boca Juniors. Se recuerda menos pero tuvo un paso patético por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Tropezó con el “caso Pomar”: la desaparición “misteriosa” de una familia entera. La búsqueda se prolongó durante muchos días. Las interpretaciones proliferaron: aviesas, irrespetuosas, culpabilizando a las víctimas. Se los decretó sospechosos de delitos y perversiones. La pesquisa se prolongó hasta que se verificó que el auto de los Pomar se había desviado de la ruta por la que transitaba para estrellarse a pocos metros. Era previsible y fácil de corroborar. Un ejemplo de laboratorio sobre incompetencia y ruindades compartidas. Stornelli dejó de ser un pésimo funcionario para retornar a su despacho de fiscal.
Solo un juez puede pedir el desafuero de un diputado y la detención solo procedería si considerara que (estando en libertad) es peligroso o que puede entorpecer la causa. De Vido no calza en ninguna de las dos causales. Y era prematuro debatirlo. Sus adversarios políticos se transformaron en enemigos, iniciando conteos para desaforarlo.
En paralelo, los medios acusan a Rodríguez de ser kirchnerista, lo que es falso a menos que se confunda el Frente para la Victoria o a Unidad Ciudadana con la Agencia Federal de Inteligencia que es la real terminal de Su Señoría.
En otra sobreactuación, Massa y sus compañeros de bloque renunciaron a sus fueros ante escribano público. Se trata de un acto inválido, una promesa no exigible. Massa reitera una jugada de otras campañas… equipo que gana no se cambia, compadrada que rindió frutos, se repite.
Con tino infrecuente (para él) Rodríguez ordenó seguir investigando antes que ordenar una detención carente de asidero.
La intención de macristas y massistas se frustró, por ahora. Es una suerte de “canje de prisioneros”… de sus rivales. No consiguieron proscribir o encarcelar a Cristina. De Vido la hubiera suplido en una movida que mella la calidad del sistema democrático.

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La segunda devaluación: El ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay patentó una de las mentiras de campaña 2015 más rápidamente refutadas. Adujo que una devaluación macrista no se trasladaría a los precios porque los empresarios ya la habían anticipado y remarcado. La sideral inflación de 2016 probó la inconsecuencia de la teoría de ex joven prodigio de Wall Street.
Macri lo eyectó del Gabinete, ofreciéndole el consuelo de una embajada que “Alfonso” no podía aceptar. Se rumoreó que sería candidato radical este año. Los boinas blancas se ahorraron esa tentativa de suicidio.
Hoy en día, nadie controvierte que la flamante devaluación resuelta por “los mercados” impactará en la inflación futura. Las predicciones previas de los gurúes de la City sufrirán un nuevo revés, chocan con la realidad. El nuevo tarifazo dispuesto por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, es previo al corcoveo del dólar y actuará en yunta con éste. Las profecías sobre índices de un punto porcentual de inflación para julio pasan a archivo.
La escalada de despidos en empresas industriales se acentúa, en diferentes regiones del país. Crece la capacidad instalada ociosa.
El Poder Judicial coadyuva a la política oficial. La Corte Suprema sentenció un asunto baladí que usualmente hubiera rechazado. Lo hizo únicamente para sumar su voz a los que despotrican contra “la industria del juicio”.
Por orden de un juzgado de primera instancia fueron allanados domicilios de cuatro trabajadores de la cooperativa Acoplados del Oeste (ex Pettinari). Se los acusaba de haber sustraído maquinarias del establecimiento de la empresa, vaciada por sus dueños. Los laburantes alegan (con toda credibilidad) que los patrones la birlaron y que sus viviendas no tienen el tamaño de depósitos.
Se redobla una ofensiva iniciada por el veto de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal contra la ley que decidía expropiar a la empresa.
Las conductas convergentes lindan con el sadismo y trasuntan una ideología compartida, que está a la ofensiva.

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Simulacros y metros cuadrados: La clase pública de Jaime Durán Barba a dirigentes y militantes de Cambiemos es otro simulacro, convengamos que light. Las reglas del arte prescriben que esas lecciones se dan en privado, no ante micrófonos y cámaras.
La campaña sucia, la permanente vuelta al pasado son la herramienta elegida, nada que ver con los locuaces bolazos del consultor-estrella.
Otros estudiosos de esas cuestiones acuñaron la expresión “metro cuadrado” para designar el mayor condicionante del voto popular, casi siempre. Cada ciudadano elige pensando en sus vivencias, su trabajo, su barrio, lo que mejor conoce y más le preocupa.
Ninguna regla sociológica tiene validez absoluta, tampoco ésta. La gran apuesta del macrismo es que una fracción importante de la sociedad privilegie el rechazo al kirchnerismo sobre la defensa de sus propios intereses.
Imposible determinar qué pasará. El comportamiento de varias vertientes, que se autodefinen como opositoras, parece funcional a la estrategia oficialista. El massismo, desde ya. Ahora se ha sumado, con menos labia y poca inventiva, el ex ministro Florencio Randazzo –seguramente homónimo de aquel que (hace menos de dos años) soñaba ser digitado por Cristina como candidato a presidente.
Los discursos se confunden, con un fuerte ingrediente “cristino céntrico”. Le ponen más energía y le dedican más tiempo que a proponer algo sobre el futuro o a cuestionar el modelo neo conservador. En eso estamos, cuando falta menos de un mes para las Primarias.

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