viernes, 28 de julio de 2017

Vértigo

8/6/2003

¿QUE NOS ESPERA ESTA SEMANA?

Vértigo

La derogación del teorema de Baglini ha producido un terremoto político. Kirchner intenta demostrar que es posible gobernar con la ética de las convicciones. La prueba de fuego será la renegociación de los contratos con 61 empresas privatizadas. Esta semana podría haber un anticipo, con la posible intervención a todos los entes reguladores y la rescisión de las concesiones de los aeropuertos y el correo, cuyos titulares han incurrido en todas las causales imaginables.

 Por Horacio Verbitsky

 Néstor Kirchner inició su mandato por la recomposición de la institución presidencial, asentada en alianzas sociales distintas a las de sus predecesores, como si un decreto de necesidad y urgencia hubiera suspendido la vigencia del teorema de Baglini, hasta entonces cínica regla áurea de la clase política aborigen. La limpieza de la cúpula militar y de los peores focos de corrupción en la obra social de los jubilados, que controlaba Luis Barrionuevo, el pago de salarios atrasados a maestros y trabajadores estatales entrerrianos y sanjuaninos, el juicio político al presidente de la Corte Suprema, la prometida autolimitación presidencial en la designación de futuros magistrados, la apertura de los archivos de la SIDE sobre el atentado a la mutual judía de Buenos Aires, las audiencias con organismos de derechos humanos, sindicalistas y piqueteros, la defensa de la ley de salud reproductiva ante el cuestionamiento de una organización religiosa, la orden a la Cancillería para que desista de cualquier recurso en contra de la extradición del secuestrador Ricardo Miguel Cavallo de México a España, el retiro de la querella por calumnias e injurias que Kirchner había entablado contra un abogado de Santa Cruz, la rebaja del precio de los combustibles, la decisión de no prorrogar las concesiones de servicios públicos que vayan venciendo y de controlar el cumplimiento de los contratos vigentes, son algunas de las noticias de estas dos vertiginosas semanas de un gobierno que cambió el ánimo colectivo de un modo tan radical como inesperado.
Expectativas
“Qué bajo habremos caído que nos alegramos por terminar con la indignidad de que los trabajadores no puedan cobrar sus salarios”, reconoció Kirchner en San Juan. Es cierto: en el subsuelo basta con muy poco para generar ilusión y expectativas. La misma sorpresa provocó su rechazo a la extorsión del presidente de la Corte Suprema, Julio Nazareno, quien amenazó en público con fallos perturbadores de lo que él mismo mencionó como “gobernabilidad”, la voz de orden de la desestabilización. Kirchner leyó su brevísimo mensaje sin actuarlo, con la mirada en el papel y no perdida en el vacío del teleprompter como enseñaban los asesores de imagen que convirtieron a Carlos Menem y Fernando de la Rúa en dos zombies. Las encuestas que miden la reacción social ante este torbellino asombran a los propios especialistas que las realizan. Hasta los lectores del matutino La Nación se pronunciaron en modo masivo en su favor: el 59 por ciento consideró acertado el mensaje sobre la Corte y el 12 por ciento dijo que debería haber sido aún más duro. Incluso Hebe Pastor de Bonafini, que el 30 de enero postulaba “el derecho a la violencia, a levantarse en armas”, suspiró cuando Kirchner le tomó la mano y ya no lo considera igual a los demás políticos.
Nada menos que Elisa Carrió le recomendó mayor prudencia y no abrir demasiados frentes al mismo tiempo. Imprudente hubiera sido proponer una consulta popular para un tema que la Constitución regula en forma taxativa, como es la remoción de los jueces de la Corte. Las empachosas declaraciones públicas de Nazareno demuestran que no era hipérbole ni pleonasmo mencionarlo como ex jefe de policía de La Rioja, boticario o aficionado al derecho municipal, los tres rubros de los que nunca debió haber pasado su curriculum vitae. La lengua de Nazareno sin el control del cerebro del cardumen menemista en la Corte, Eduardo Moliné, ausente con aviso en Roland Garros, produce efectos devastadores. Confrontado con enemigos fríos y sin sentimientos como los micrófonos de la prensa, Nazareno edificó su propia ruina. La decisión del gobierno de ir sólo a por él terminó de aislarlo, al contrario de lo que sucedió el año pasado,cuando los nueve ministros de abroquelaron ante la amenaza común. Claro que entre sus defensores se alistó el Colegio de Abogados de Buenos Aires, diminuto pero en el que militan los estudios que atienden a las grandes empresas locales, europeas y estadounidenses.
Autolimitación
Kirchner tiene una asignatura pendiente en este campo. En Santa Cruz aumentó el número de miembros del Tribunal Superior, que quedó en manos de aliados políticos, removió al Procurador General, acusado de opositor, y se negó a reincorporarlo como le ordenó la Corte Suprema. Por eso Nazareno cacareó ahora: “¿Y a quién va a nombrar, a un enemigo?”. La visita del ministro de Justicia, Gustavo Beliz, a la sede del Centro de Estudios Legales y Sociales y Poder Ciudadano para reunirse con seis organizaciones de la sociedad civil que en los días tórridos del verano de 2002 produjeron los documentos “Una Corte para la Democracia”, I y II, buscó disipar tales prevenciones. Una de las fuentes de deslegitimación de la Corte Suprema es la designación de magistrados “de ostensible carácter partidista y sin los antecedentes, la trayectoria pública y el prestigio necesarios”, afirmaron esas organizaciones. Para elegir “personas que gocen de un apoyo plural e intachable” el presidente debería proponer una terna por cada cargo vacante, que se haría pública junto con los antecedentes académicos, laborales, profesionales y personales de sus integrantes, incluyendo su situación ante la DGI. Durante 30 días, personas e instituciones podrían fundamentar objeciones o apoyos. Además se realizaría una ronda de consultas con diferentes sectores de la sociedad civil organizada, públicas y con registro taquigráfico y en video. Cada candidato debería comprometerse a propiciar en caso de ser designado las reformas al reglamento de la Corte que terminen con su discrecionalidad actual. La Corte argentina falla 15.000 causas por año, contra 70 de la de los Estados Unidos y no posee un mecanismo de audiencias públicas que impida el trato desigual a las partes. Beliz prometió preparar un decreto que contenga estas sugerencias, en el que este fin de semana trabajaban el viceministro de Justicia, Abel Fleitas Ortiz de Rosas, y un representante de las entidades firmantes. El viernes, la senadora Vilma Ibarra presentó un proyecto de ley en el que recoge las sugerencias de las mismas organizaciones acerca del rol del Congreso.
La prensa
Como gobernador de Santa Cruz, Kirchner querelló por calumnias e injurias al abogado Bernardino Zaffrani, quien en una columna de opinión en un medio local le había atribuido presuntas maniobras en beneficio del concesionario de Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Además de la pena de tres años de cárcel, le reclamó un millón de pesos de indemnización. La Asociación Periodistas le solicitó que desistiera de esa causa, en la que había asumido la defensa de Zaffrani. Hace 48 horas, el presidente ordenó a su abogado en Río Gallegos que retirara la querella. La semana próxima recibirá al Relator de la OEA para la Libertad de Expresión, el jurista argentino Eduardo Bertoni, con quien analizará el proyecto de ley de la misma Asociación Periodistas que despenaliza los delitos de calumnias e injurias cuando se cometen contra funcionarios públicos e introduce la norma de la real malicia en el procedimiento civil. Su aprobación fue comprometida ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el Estado argentino. Lo suscribieron los ex presidentes Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Adolfo Rodríguez Saá, pero no lo trató el Congreso por la cerrada oposición de Eduardo Menem. Kirchner adelantó una opinión preliminar favorable, con la que no coincide el jefe de gabinete Alberto Fernández. Su argumento es que los responsables de publicaciones extorsivas designan como editores o directores a insolventes contraquienes es imposible entablar una acción en el fuero civil. El caso del corresponsal en Mendoza de la revista El Guardián [de Hierro], detenido por coacción al propietario de un canal de televisión de cuyo paquete accionario deseaba apoderarse el escribano Raúl Juan Pedro Moneta, muestra que cuando una publicación se utiliza como instrumento para fines ilegítimos hay otros artículos del Código Penal para reprimirla, sin afectar la libertad de expresión. Ante la denuncia de la víctima, la justicia grabó conversaciones del corresponsal con Moneta (del grupo Manzano, Toma y Vila). También les apetece el diario “La Nación”, parte de cuya deuda ofrecieron comprar al Citibank. La toma de control no se concretó por intercesión del ex Senador Duhalde cuando estaba a cargo del Poder Ejecutivo. A partir de una denuncia de El Guardián [de Hierro], la jueza María Servini allanó La Nación, por lo cual el representante de los abogados en el Consejo de la Magistratura, Eduardo Orio, solicitó su juicio político. Pero en este caso no hubo denuncia judicial ni grabaciones que permitieran desenmascarar una posible extorsión. Si el gobierno impulsara la despenalización propiciada por la Asociación Periodistas indicaría que encara con fuerza batallas contra poderosos intereses pero garantiza la más amplia libertad de crítica y debate.
Tarifas y contratos
Kirchner dijo en San Juan que había juntado de a monedas para pagar a los docentes, y según sus colaboradores controla las cuentas desde su propia computadora. Pero un cuarto de siglo de distribución inequitativa del ingreso y concentración de la riqueza en pocas manos no podrá revertirse sólo con administración austera, gestos simbólicos o actos de voluntad. Un libro de próxima aparición de los investigadores de Flacso Daniel Azpiazu y Martín Schoor deja en claro que la renegociación de los contratos con las empresas privatizadas es uno de los puntos cruciales en que jugará su suerte el nuevo gobierno. Por la suma de privilegios concedidos por el poder político la facturación de las empresas privatizadas creció entre 1993 y 2001 casi siete veces más que el Producto Bruto. Sus márgenes de rentabilidad fueron 14 veces mayores que los de las empresas más grandes del país que no participaron en las privatizaciones y entre dos y cuatro veces mayores que las de las prestadoras de los mismos servicios en otros países, incluso los de sus casas matrices. A contramano de la historia económica universal, con nulo riesgo obtuvieron superganancias. Casi todas esas firmas fueron generosas en la distribución de dividendos a sus accionistas e hicieron sus inversiones con endeudamiento externo. Una parte significativa de esa deuda fue para importar bienes de capital e insumos de firmas vinculadas, lo que les permitió inflar costos y eludir impuesto a las ganancias, mientras se desmantelaba la industria local de proveedores. Otra parte sustancial del endeudamiento no se invirtió en el proceso productivo sino en la especulación financiera. Las privatizadas también contribuyeron al crecimiento del desempleo en un 2,2 por ciento de la Población Económicamente Activa, mientras los incrementos tarifarios hicieron que el pago de servicios pasara a insumir casi el 15 por ciento del presupuesto de los hogares más pobres, que postergaron otros consumos esenciales.
La ley de emergencia fijó un marco apropiado para cortar estos abusos, al establecer la ilegalidad de todas las indexaciones y cláusulas de dolarización de tarifas aplicadas a partir de 1991. Si Duhalde y sus ministros Jorge Remes y Roberto Lavagna hubieran iniciado una revisión integral de las tarifas de los servicios públicos privatizados los consumidores residenciales de menores ingresos hubieran podido percibir incluso un resarcimiento. Los investigadores estiman los ingresos indebidos de las compañías en 9000 millones de dólares. Esa ley también estableció que en la renegociación con las 61 prestatarias se consideraríael impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos, la calidad de los servicios y los planes de inversión, el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios, la seguridad de los sistemas y, recién en último lugar, la rentabilidad de las empresas. Pero en su aplicación el ministerio de Economía fue cediendo posiciones. Sólo pidió a las empresas información sobre los últimos tres años de actividad, el impacto de la devaluación, la evolución contractual y el nivel de endeudamiento. Además reemplazó la prevista audiencia pública por una denominada consulta on line, que suprime cualquier debate. A fines de 2002 y comienzos de 2003 sendos decretos de necesidad y urgencia fijaron aumentos de las tarifas de gas natural y energía eléctrica, al margen de los mecanismos previstos en la Ley de Emergencia y sus decretos reglamentarios. Ambos fueron rechazados por varios jueces, que arguyeron que la ley Nº 25.561 vedaba los aumentos hasta que no concluyera el proceso renegociador. Lavagna preparó ahora un proyecto de ley que limitaría la acción judicial y sólo permitiría al Congreso aprobar o rechazar en bloque la renegociación realizada por el Poder Ejecutivo, al estilo del fast track norteamericano. Kirchner reiteró el viernes que antes de aprobar cualquiera de los aumentos que reclaman los concesionarios, se revisarán todos los contratos y los marcos regulatorios. “Nadie nos va a apurar”, dijo, con un ojo en las empresas y el Fondo Monetario y otro en su heredado ministro de Economía. Mientras el Congreso resuelve si concede o no el fast track, al que se oponen los usuarios y consumidores, Kirchner y el ministro de Planificación Federal y Servicios, Julio De Vido, analizan dos medidas que podrían profundizar esta semana la sensación de vértigo que se vive desde el 25 de mayo: la intervención de todos los entes reguladores y la rescisión de las concesiones de Aeropuertos y del Correo Argentino, fundada en la falta de pago del canon, tal como recomendó la Auditoría General de la Nación.

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  EL GOBIERNO AVANZA HACIA LA RESCISION DEL CONTRATO CON CORREO ARGENTINO

Franco Macri no seguirá franqueando

Por no pagar el canon comprometido y pretender que con las indemnizaciones a más de 6000 empleados separados de la empresa cumplía el plan de inversiones, la firma que formaron Macri y Banco Galicia perderá la concesión treintañal, una de las últimas privatizaciones del menemismo. Según Franco, el Estado le debe plata a él.

 Por Julio Nudler

 El gobierno de Néstor Kirchner estudia la rescisión del contrato con Correo Argentino, la empresa del Grupo Macri, con el Banco Galicia como socio minoritario, que en 1997 se adjudicó la privatización del servicio postal, en una de las últimas operaciones que consumó el menemismo. En aquel momento C. A. logró la concesión por 30 años con la promesa de pagarle al Estado un canon semestral de 51,6 millones de pesos/dólares. Sin embargo, en 1999 dejó de abonarlo, pretendiendo además que se computaran como inversiones –que constituían el otro formal compromiso de la adjudicataria– las indemnizaciones pagadas a más de 6000 empleados separados de la empresa mediante planes de retiro voluntario. Adoptando una táctica previsible, la firma optó por pasar a la ofensiva, acusando al Estado de incumplimientos varios, al punto de plantear en diciembre último un reclamo de resarcimiento por más de $ 1070 millones. Lo cierto es que la cancelación del contrato rondó durante los últimos años por los despachos públicos como una decisión altamente probable, pero ni Fernando de la Rúa ni Eduardo Duhalde quisieron confrontar con Franco Macri, a pesar de que la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura (Sigen) se pronunciaron contra los manejos de la empresa. Ahora existe ya decisión política de estamparle un sello final a esta historia, con el mismo temperamento con que se estudia intervenir los entes reguladores de los servicios públicos privatizados y anular, por algún mecanismo aún a precisar, el decreto que en sus últimas horas en la Casa Rosada firmó Duhalde en favor de Aeropuertos Argentina 2000, la no menos conflictiva empresa de Eduardo Eurnekian.
El caso de Correo Argentino muestra a un grupo privado que toma un negocio de manos del Estado, pero no parece dispuesto a correr con los correspondientes riesgos comerciales. Si la explotación no da los rendimientos esperados, probablemente calculados en base a proyecciones mal fundadas, el concesionario se aparta de los compromisos asumidos y presiona para obtener que se modifiquen las condiciones pactadas. Esta táctica le funcionó a Macri mientras se mantuvo Carlos Menem en el gobierno, logrando que el entonces secretario de Comunicaciones, el ucedeísta-cavallista-delasotista Germán Kammerath, convalidara los actos de C. A., a su vez protegido por fallos favorables del juez Adolfo Bagnasco. Posteriormente, la relación con el poder político osciló entre el pleito permanente y la indefinición.
Dentro de la azarosa historia de la privatización postal figuran 126 millones de pesos que los adjudicatarios erogaron en indemnizar a trabajadores en el primer año de la concesión. C. A. computó esas indemnizaciones como inversiones, con el aval en 1998 de Kammerath. El monto en cuestión equivalía a cinco años de inversiones, según el piso de $ 25 millones anuales que la adjudicataria se comprometió a invertir durante el primer decenio, aunque sin que se precisara el contenido concreto, físico de esas inversiones. La actitud de Kammerath le valió una denuncia penal de diputados frepasistas, pero la causa derivó a manos del juez Bagnasco, que sobreseyó por dos veces al acusado. La Cámara Federal anuló una y otra vez los sobreseimientos. En febrero de 2001, Bagnasco convalidó la decisión de Kammerath de admitir el cómputo de indemnizaciones como inversiones.
El 19 de septiembre de 2001 C. A. se presentó en convocatoria de acreedores, como apelando a un “último recurso” para enfrentar un pasivo superior a $ 700 millones, que incluía a ese momento $ 257 millones adeudados al Estado por el canon. De hecho, lo que buscaban Macri y Escasany era forzar una renegociación del contrato, que bajase los $ 103 millones anuales de canon que se habían comprometido a pagar, oferta merced a la cual se alzaron con la concesión. Al parecer, los improvisados empresarios carteros habían proyectado una facturación anual de unos 1000 millones de pesos, pero sólo alcanzaron la mitad de esa cifra. Buscando colocar al contrincante a la defensiva, Correo Argentino planteó que el Estado debía indemnizarla en $ 320 millones (la cifra fue subiendo con el tiempo) por las “asimetrías laborales” presuntamente existentes en el mercado postal, ya que las remuneraciones de sus empleados eran más elevadas que las pagadas por empresas de la competencia, particularmente Oca, desnivel ya existente en 1997 y que no ignoraban. La Sigen, conducida por Rafael Bielsa, actual canciller, cuestionó esa pretensión, como también la de considerar los retiros voluntarios como inversiones.
El mismo día del año 2001 en que esto sucedía se publicó en el Boletín Oficial un decreto por el cual el Gobierno resolvía que la AFIP le pagara a Correo Argentino (a la cual el decreto no identificaba) algo más de $ 29 millones en Bocones por franqueos adeudados. Impositiva efectuó el pago, a pesar de sostener al mismo tiempo que la destinataria del pago le debía $ 257 millones en tributos. Evidentemente, el gobierno aliancista distaba de sostener una posición común frente a Macri.
El 13 de noviembre último, el Congreso nacional aprobó un informe de la AGN –organismo parlamentario– aconsejando rescindir las concesiones a Correo Argentino y a Aeropuertos Argentina 2000 debido a “los reiterados incumplimientos contractuales y la falta de pago del canon”. A ese momento, y según Jefatura de Gabinete, Correo debía por cánones impagos $ 451 millones, mientras que AA2000 adeudaba $ 433 millones.
Ya en agosto de 2001 la Sigen había recomendado al Gobierno dar por caída la concesión de C. A., considerando que la convocatoria de acreedores era causal de rescisión, por establecerlo así el contrato. Pero el gobierno de la Alianza en general, y su entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, en particular, preferían no confrontar con el Grupo Macri y el Banco Galicia, y tampoco deseaban reasumir el control del servicio postal, ya que abominaban de las “reestatizaciones”.
En diciembre último, la empresa del buzón carmín reclamó del gobierno de Duhalde, en una presentación firmada por Roberto Dromi –su abogado patrocinante en las causas judiciales–, un resarcimiento de $ 1072 millones por diversos incumplimientos presuntos del Estado. A saber, la falta de control sobre los servicios postales clandestinos, las mencionadas asimetrías laborales y los franqueos impagos. La compañía expresó además la pretensión de que el canon dejase de consistir en una suma fija para calcularse como un porcentaje de la facturación, con lo cual convertiría al Estado en partícipe del riesgo empresario, aunque sin derecho a opinión ni voto. Además, Macri quería cinco años más de concesión, que se sumarían a los 30 otorgados, y un aumento en las tarifas de los servicios regulados, fundamentalmente la carta simple (los demás fueron notablemente encarecidos por la empresa).
Todas estas pretensiones quedaron a consideración de una comisión especial, formada por Jefatura de Gabinete, la Procuración del Tesoro y la Secretaría de Comunicaciones. Pero Alfredo Atanasof dejó el pasado 25 de mayo su cargo sin haberle pasado la lengua a esta estampilla.

 KIRCHNER Y LA COTIZACION DEL DOLAR

La defensa del flotador

El presidente Néstor Kirchner se definió claramente como “defensor de la flotación del dólar” y criticó a los economistas que “malinterpretan” sus declaraciones. De esa manera, Kirchner quiso despejar dudas sobre su posición respecto al valor de la moneda estadounidense y poner freno a quienes lo cuestionaron por haber dicho que prefería que el dólar rondara los 3 pesos.
Como lo hizo todos los días desde que asumió la presidencia, Kirchner hizo ayer nuevas declaraciones pero esta vez desde su provincia. Durante la conferencia de prensa que brindó en Río Gallegos junto al titular de la SIDE, Sergio Acevedo, y el gobernador de Santa Cruz, Héctor Icazuriaga, el Presidente retomó el tema del tipo de cambio, que días pasados había creado malestar en el Gobierno. Tras las declaraciones del titular del Banco Central, Alfonso Prat Gay, quien calificó de “disparate” que Kirchner se haya manifestado a favor de un dólar a 3 pesos, el cortocircuito pareció haberse subsanado luego de que Prat Gay hiciera llegar una disculpa al Ministerio de Economía por el término utilizado.
“Es necesario aclarar que el dólar en la Argentina es de libre flotación. Soy un defensor de la flotación del dólar, porque después algunos economistas malinterpretan”, señaló Kirchner, si bien recordó haber dicho ante una consulta que, de “acuerdo a las necesidades de competitividad” y “de recaudación” de la economía nacional, prefería “un dólar de 3 o 2,95”.
El Presidente también abordó otros temas económicos de interés regional, como la decisión del gobierno de Chile de suscribir un acuerdo bilateral con los Estados Unidos. Este Tratado de Libre Comercio “no dificulta y no afecta en lo más mínimo a la futura integración de América del Sur”, afirmó. Y agregó: “Por lo que he conversado con el presidente (Ricardo) Lagos, el convenio firmado entre su país y Estados Unidos lo hace dentro de su absoluto derecho soberano como Nación”.
Kirchner anticipó además que la semana próxima habrá anuncios sobre el conflicto planteado entre deudores y acreedores por la suspensión de las ejecuciones inmobiliarias dispuesta por ley, situación que en primera instancia había generado un reclamo de parte del FMI.
Durante la conferencia de prensa, el Presidente también anunció, junto al gobernador santacruceño, el pago del Estado nacional a la provincia patagónica de 9,5 millones de pesos en concepto de deudas previsionales y de coparticipación federal.

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